Juego turbio de Washington y Bogotá
Maurice Lemoine*
Desde el derrocamiento y la expulsión del presidente Manuel Zelaya el pasado 28 de junio, ya hubo en Honduras quince asesinatos políticos y más de un centenar de “desaparecidos”. El régimen ilegítimo y represivo de Roberto Micheletti podría hacer resurgir el espectro de las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina. A pesar de la nueva era anunciada por Barack Obama, esta crisis marca la continuidad de la política exterior de Washington. Prueba de ello son los vínculos militares entre Colombia y Estados Unidos.
Un ejército de trabajadores pobres, machete en mano; gigantescas plantaciones; vías férreas que desembocan en tres puertos –Cortés, Tela, La Ceiba– desde donde las bananas, principal riqueza de Honduras, se embarcan hacia el extranjero. Febrero de 1974: la compañía estadounidense Standard Fruit despide a setecientos trabajadores en represalia por la creación de un impuesto a la exportación de 1 dólar por caja de 40 libras. Abril: el impuesto se reduce a 50 centavos, y luego a 25 centavos. 22 de abril de 1975: el jefe de Estado, el general Oswaldo López Arellano, es destituido; había recibido 1.250.000 dólares de otra multinacional, la United Brands –nueva denominación de la tristemente célebre United Fruit (1)–, a cambio de reducir el impuesto.
Otros tiempos. ¿Otras costumbres? En diciembre de 2008, el presidente Manuel Zelaya aumenta el salario mínimo de 126 euros a 202 euros. Conmoción en el seno del directorio de la empresa Chiquita, ¡ex United Brands! La compañía, que produce alrededor de 8 millones de cajas de ananás y 22 millones de cajas de bananas por año, moviliza sus conexiones en Washington, a través de Covington and Burling –un poderoso estudio jurídico que asesora a multinacionales (2)– y hace causa común con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), también muy descontento.
En octubre de 2006, cuenta Rafael Murillo Selva, asesor de Zelaya y actual embajador de Honduras en Ecuador, ya se había producido un primer enfrentamiento. A través de un llamado a licitación, el poder cuestionó entonces el monopolio que ejercían las compañías Chevron, Exxon Mobil, Shell y la empresa local Dippsa en la venta y distribución de combustibles. “Acostumbradas a que nadie intervenga en sus privilegios, las transnacionales declararon que ‘con esta licitación, se habían modificado las reglas de juego’. Una alianza formada por un sector de la patronal hondureña, la Corte Suprema de Justicia y el embajador de Estados Unidos, Charles Ford, logró en parte que esta iniciativa, que respetaba las reglas del libre mercado, no alcanzara sus objetivos”. Razón por la cual Zelaya se volcó posteriormente a Caracas y se sumó al acuerdo Petrocaribe, que permitió desde entonces a su país recibir petróleo venezolano en condiciones financieras ventajosas.
Lo que es intolerable para “la banana” o “el petróleo” también lo es en materia de salud. Cuando Tegucigalpa firmó con el gobierno cubano un acuerdo para la provisión de medicamentos genéricos a muy bajo costo, las empresas importadoras hondureñas y las multinacionales del sector se unieron al frente de protesta. Es sabido, precisa Murillo, que la empresa local más importante, Laboratorios Finlay, “pertenece a la familia Canahuati Larach, propietaria de dos grandes diarios de circulación nacional, El Heraldo y La Prensa”.
Queda claro: contrariamente a lo que adujo el presidente usurpador Roberto Micheletti, el derrocamiento de Zelaya y su expulsión manu militari a Costa Rica, el 28 de junio, nada tienen que ver con el intento de organizar un referéndum ilegal que permitiera su reelección en noviembre próximo. La consulta, sin carácter vinculante, que pretendía organizar a partir de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (3), se basaba en la Ley de Participación Ciudadana del 27 de enero de 2006, cuyo artículo 2 garantiza “los derechos de los ciudadanos a proponer y decidir sobre asuntos públicos”.
Los que operan en las sombras
Desde entonces, no obstante la condena unánime de la “comunidad internacional”, la expulsión de Honduras de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una resistencia popular que crece día a día en el mismo país, a pesar de la represión, Zelaya no pudo regresar a Honduras. Sus dos intentos –por avión, a Tegucigalpa, el 5 de julio, y a través de la frontera nicaragüense, el 25 del mismo mes– fracasaron. Desataron incluso las críticas del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Robert Wood: “Esta iniciativa pone en peligro los esfuerzos de mediación que encabeza (el presidente costarricense Oscar) Arias”. La secretaria de Estado Hillary Clinton, por su parte, se dedicó esencialmente a solicitar al... presidente venezolano Hugo Chávez que no interviniera en los asuntos de Honduras.
Obama or not Obama? Ésa no es la cuestión. Se puede muy bien ocupar el Salón Oval sin controlar totalmente las dependencias, menos aun la propia tropa. Esta crisis pone en evidencia no sólo las diferencias entre republicanos y demócratas, sino también entre los propios demócratas. Barack Obama asumió inicialmente una posición clara en favor de Zelaya. Pero fue la iniciativa de Hillary Clinton, desde la OEA, donde sesionan varios gobiernos firmemente anclados en la izquierda, la que trasladó el manejo de la crisis al silencioso despacho de Arias. De las negociaciones llevadas a cabo por este último surgirá una propuesta que tendrá la ventaja de alinearse con la condena general al golpe de Estado, haciendo que Zelaya sólo regrese a la presidencia, en el marco de un gobierno de reconciliación nacional, con prerrogativas limitadas.
Durante los encuentros de San José (Costa Rica), realizados bajo la égida de Arias, el 9 de julio la delegación de Micheletti pudo contar con la asistencia de dos asesores estadounidenses. Bennet Ratcliff –a quien se le atribuye la redacción de las propuestas del gobierno ilegítimo–, especialista en relaciones públicas, trabajó para el presidente William Clinton (enero 1993-enero 2001). Lanny J. Davis, asesor de Clinton de 1996 a 1998 –fue su portavoz durante la investigación sobre el financiamiento de su campaña y el procedimiento de impeachment relacionado con el caso Monica Lewinsky–, desempeñó luego un papel central en la máquina de guerra electoral de Hillary Clinton destinada a derrotar a Obama durante las primarias (4).
Mientras se ponen en funcionamiento las oficinas de relaciones públicas –Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, Vision Americas, Cormac Group– para dar a conocer ante el Congreso estadounidense, el Consejo de Seguridad Nacional y otras estructuras de poder las posturas de las “elites” hondureñas, las redes surgidas de las administraciones Reagan, Bush padre, Bush hijo –Otto Reich, Roger Noriega (5), etc.– operan en las sombras. En cuanto al Departamento de Estado, declaró el 6 de agosto a través de Wood, en conferencia de prensa: “Legalmente, no podemos decir que se trata de un golpe de Estado militar (military coup). Esto continúa siendo objeto de análisis...”. De ahí la ausencia de sanciones realmente apremiantes respecto de Tegucigalpa.
El 5 de agosto, ante las cámaras del Canal 5 de la televisión hondureña, el comandante en jefe del Ejército, general Miguel Ángel García, sin mencionar al presidente Chávez, declaraba: “Honduras y sus Fuerzas Armadas detuvieron el plan expansionista de un líder sudamericano para imponer, hasta en el corazón de Estados Unidos (sic), un socialismo disfrazado de democracia” (6). ¿Se estaría en presencia de una guerra preventiva? Ya lo dijo el diario español El País –“¿El Waterloo del chavismo?” (1 de agosto de 2009)– con evidente júbilo.
Uno de los grandes pecados de Zelaya fue haber adherido, el 26 de agosto de 2008, a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), haciendo resurgir el fantasma de un “Chávez” que extiende sus tentáculos para imponer un proyecto totalitario en el tradicional “patio trasero” de Estados Unidos (7). Sumándose al retorno de los sandinistas a Nicaragua en noviembre de 2006, Mauricio Funes fue elegido, el 15 de marzo de 2009, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) –la guerrilla de los años 80–, en El Salvador. En lo que a él respecta, el mensaje es claro: una política que vira “demasiado a la izquierda” podría tornarse peligrosa.
Indudablemente, comenzó una nueva etapa de la batalla por el control de América Latina. En el seno de las naciones que brindan un apoyo activo a Zelaya, los miembros del ALBA, y en particular los pesos pesados –Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela– se muestran más decididos. Es preciso pues hacerlos retroceder en todos los flancos posibles. Y no únicamente sobre este punto.
Bases militares de EE.UU.
En 1983, en la época en que los contrarrevolucionarios –los contras– proclamaban la muerte contra la Nicaragua sandinista desde Honduras, Estados Unidos había abierto en Puerto Castilla el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), desde donde se armaba y aprovisionaba a los contras. Allí fueron entrenados los soldados hondureños y dos mil cuatrocientos hombres de las unidades de elite salvadoreñas. Desde entonces, Estados Unidos mantiene una base en Palmerola –la Soto Cano Air Force Base– donde operan seiscientos hombres (8). Clara amenaza para la “tranquilidad” de sus actividades, Zelaya había anunciado que ese aeropuerto comenzaría pronto a recibir vuelos comerciales. En el mismo momento en que en Ecuador el presidente Rafael Correa no renovaba la concesión del Puesto Avanzado de Operaciones –Forward Operating Location– de Manta, cuyo cierre fue anunciado para este mes.
El Pentágono reparte nuevamente las cartas. Un acuerdo a punto de cerrarse concede a Estados Unidos la utilización de siete bases militares en Colombia: Larandia y Apiay (este del país), Tolemaida y Palanquero (centro), Malambo y Cartagena (litoral Caribe), Málaga (Pacífico). Una iniciativa por lo menos curiosa, que proviene de Bogotá: el presidente Álvaro Uribe no deja de anunciar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están debilitadas, desarticuladas, cuando no a punto de desaparecer. O miente sobre este punto, o el objetivo estadounidense-colombiano es mucho mayor; ambas hipótesis se complementan además perfectamente.
¿Quién define al terrorista? ¿Al narcotraficante? Por ahora, Washington y Bogotá (9), apoyados por un macartismo mediático al que favorecieron la globalización del comercio y la explosión de los intereses cruzados entre grupos económicos y empresas de comunicación. Un informe del Congreso estadounidense “al que tuvo acceso” El País (16 de julio de 2009) describe a Venezuela como un nuevo “narco-Estado”. Párrafo elegido: “Las agencias de seguridad estadounidenses detectaron en 2007 ciento setenta y ocho vuelos provenientes de aeropuertos de Venezuela considerados sospechosos (nótese el rigor de la prueba) de haber transportado droga...”.
Nuevo escándalo en agosto, ampliamente difundido, cuando el gobierno colombiano denunció que tres lanzamisiles pertenecientes al ejército venezolano fueron encontrados en manos de las FARC. Chávez-narcoterrorismo, ¡el mismo combate! En los hechos, este material pertenece a un lote de AT4 vendidos en 1988 a Caracas por la empresa sueca Saab Bofors Dynamics, cinco de los cuales fueron robados por un grupo de la guerrilla colombiana durante el ataque al puesto militar fronterizo venezolano de Carabobo, sobre el río Meta, en febrero de 1995 (tres años antes de la llegada al poder de Chávez). Información que Bogotá conoce perfectamente.
Al mismo tiempo, las “computadoras mágicas” de Raúl Reyes (10) siguen haciendo revelaciones: las FARC habrían financiado (400.000 dólares) la campaña electoral del actual jefe de Estado ecuatoriano Rafael Correa (El País, 2 de agosto). The Wall Street Journal, por su parte, tendría “en su poder” documentos que prueban los lazos entre las FARC y los partidarios del hondureño Zelaya.
Este flujo permanente de “informaciones” desacredita cada día un poco más a los gobiernos del ALBA, frente a la “opinión pública internacional”. En caso de intento de golpe de Estado o desestabilización que los afecte (Venezuela, abril y diciembre de 2002; Bolivia, septiembre de 2008), sería mucho más cómodo no darles la razón ni a los agresores ni a las víctimas, como en esta pequeña joya –“Manuel Zelaya, el golpe de Estado al crimen”– publicada luego del golpe de Estado en Honduras (11). E incluso justificar el derrocamiento de estos presidentes que molestan.
Durante este tiempo, y detrás de esta cortina de humo, los vecinos de Colombia, que no son todos radicales, ni mucho menos, están preocupados por la presencia de bases extranjeras destinadas a luchar “contra el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos de carácter transnacional (bastardilla del autor)”.
Durante la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el 10 de agosto, en Quito (Ecuador), Chávez, con la aprobación de Correa y el jefe de Estado boliviano Evo Morales, afirmaba que el fortalecimiento del aparato militar estadounidense en Colombia “hace soplar vientos de guerra” en la región (12). Sensible por la reactivación de la IV Flota estadounidense, que atraviesa los importantes yacimientos de hidrocarburos off shore recientemente descubiertos por Brasil, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Celso Amorim, señaló claramente: “Lo que nos preocupa es una presencia militar fuerte, cuyo objetivo y capacidad parecen ir mucho más allá de las necesidades internas de Colombia” (13).
Tanto el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como sus pares desean discutir esta cuestión con Obama. El portavoz del Departamento de Estado Philip Crowley ya fijó claramente los límites de un eventual diálogo: el acuerdo es “estrictamente bilateral” y no es de incumbencia de la región (14). ♦
REFERENCIAS
(1)Creada en 1899, la compañía bananera estadounidense United Fruit es símbolo de explotación colonial en América Central. Participó directamente en el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, en 1954, en Guatemala.
(2) Eric Holder, actual secretario de Justicia de Estados Unidos, copresidente de la campaña de Barack Obama y ex fiscal general adjunto bajo la administración de William Clinton, trabajó, desde 2001 y hasta recientemente, en este estudio. Era el abogado de Chiquita cuando, en 2007, ésta fue condenada a pagar 25 millones de dólares de multa, en Estados Unidos, por sus lazos con los paramilitares en Colombia. Véase Nikolas Kozloff, “From Arbenz to Zelaya: Chiquita in Latin America”, Counterpunch, 17/19-7-09.
(3) Véanse “Golpe de Estado”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, agosto de 2009, y “Retour des ‘gorilles’ au Honduras”, www.monde-diplomatique.fr/carnet/2009-07-01-Honduras
(4) Véanse Ginger Thompson, “Honduran Rivals See U.S. Intervention as Crucial in Resolving Political Crisis”, The New York Times, 13-7-09, y Mark Weisbrot, “Who’s in charge of US foreign policy?”, www.guardian.co.uk, 16-7-1999. Cabe señalar además que Davis es asesor y portavoz de The Israel Project (TIP), una organización que tiene como objetivo mejorar la imagen de Israel en Estados Unidos.
(5) Ambos fueron secretarios de Estado adjuntos para el Hemisferio Occidental (América Latina) durante el gobierno de George W. Bush.
(6) El Nuevo Herald, Miami, 6-8-09.
(7) José de Córdoba, “Behind the Honduran crisis, the long arm of Hugo Chávez”, The Wall Street Journal, Nueva York, 27-8-09.
(8) La Constitución hondureña de 1982, que pretenden defender los golpistas, prohíbe la presencia permanente de tropas extranjeras en el país.
(9) A comienzos de los años 70, en Chile, el diario El Mercurio participó activamente, a través de su línea editorial, en el derrocamiento de Salvador Allende. El Mercurio de entonces sigue llamándose El Mercurio (Chile), pero también El Heraldo y La Prensa (Honduras), El Nacional o El Universal (Venezuela), La Razón (Bolivia), El Tiempo y Semana (Colombia), sin olvidar The Wall Street Journal, The Miami Herald (Estados Unidos), El País (España), Libération y muchos otros (Francia)...
(10) Número dos de las FARC, asesinado en marzo de 2008 en territorio ecuatoriano, y junto a quien el Ejército colombiano habría encontrado tres computadoras que no dejan de revelar “secretos” que implican a los cómplices de la narco-guerrilla. Sobre la confiabilidad de estas informaciones, véanse: “Colombia y el ciberguerrilero” y “Emissaire français en Colombie”, Le Monde diplomatique, Buenos Aires y París, julio de 2008 y mayo de 2009 respectivamente.
(11) Libération, París, 30-6-09.
(12) Los miembros de UNASUR precisaron además que no reconocerán los resultados de las elecciones que se celebren en Honduras, si son organizadas por el gobierno de facto.
(13) Folha de São Paulo, 2-8-09.
(14) LatinReporters.com, 15-8-09.
*JEFE DE REDACCIÓN DE LE MONDE DIPLOMATIQUE, PARÍS.
